Distribución selectiva de productos de lujo y competencia (Sentencia TJUE de 6 de diciembre de 2017)

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) resuelve en su sentencia de 6 de diciembre de 2017 (aquí) una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Oberlandesgericht Frankfurt am Main (Tribunal Superior Regional Civil y Penal de Fráncfort del Meno). Su objeto principal era la interpretación del artículo 101 TFUE, apartado 1, y del artículo 4, letras b) y c), del Reglamento (UE) n.º 330/2010 de la Comisión, de 20 de abril de 2010, relativo a la aplicación del artículo 101, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a determinadas categorías de acuerdos verticales y prácticas concertadas. 

El contexto de este asunto es un litigio entre Coty Germany GmbH (proveedor de productos cosméticos de lujo establecido en Alemania) y Parfümerie Akzente GmbH (distribuidor autorizado de dichos productos), en relación con la prohibición impuesta a éste, en el marco de un contrato de distribución selectiva entre Coty Germany y sus distribuidores autorizados, de recurrir de forma evidente a terceras empresas en las ventas por Internet de los productos objeto del contrato. De forma expresa se realizaron a las instancias europeas las siguientes preguntas:

Una decisión de compromisos es compatible con la nulidad de acuerdos anticompetitivos (Sentencia TJUE de 23 de noviembre de 2017)

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) resuelve en su sentencia de ayer, 23 de noviembre de 2017 (aquí) una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Tribunal Supremo de España (TS). Su objeto principal era la interpretación del artículo 16 del Reglamento (CE) n.º 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 101  y 102 TFUE, y del artículo 101 TFUE, apartado 3. Más concretamente, el TS duda acerca del alcance de la competencia de los órganos jurisdiccionales nacionales a la luz de los artículos 9 y 16 del Reglamento n.º 1/2003 en situaciones de reconocimiento de «compromisos». Por ello, junto a dichos preceptos también cobran relevancia en la resolución de la cuestión prejudicial los artículos 6 («competencia de órganos nacionales») y 9 (sobre «compromisos») del citado Reglamento.

El origen de la cuestión litigiosa fue un «contrato para la cesión de la explotación de estaciones de servicio, arrendamiento de industria y exclusiva de abastecimiento», muy habitual en el ámbito de los combustibles, sobre el que  la Comisión abrió un procedimiento de conformidad con el artículo 101 TFUE ; tras su análisis, la Comisión consideró que los contratos de distribución exclusiva de larga duración, incluidos los contratos que vinculan a las partes del litigio principal, suscitaban dudas acerca de su compatibilidad con el artículo 101 TFUE, tras lo que se plantearon una serie de «compromisos», asumidos por Repsol. Tras ello, sin embargo, los arrendatarios impusieron una demanda al objeto de que, por una parte, se declarase la nulidad del contrato de arrendamiento debido a que no era conforme con el artículo 101 TFUE y de que, por otra, se les indemnizasen los daños y perjuicios derivados de la aplicación del referido contrato. 

Sector agrícola y Derecho Antitrust (Sentencia TJUE de 14 de noviembre de 2017)

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) resuelve en su sentencia de 14 de noviembre de 2017 (aquí) una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por la Cour de cassation (Tribunal de Casación de Francia). Los hechos comienzan con la detección de prácticas típicamente anticompetitivas en el mercado agrícola francés: acuerdos sobre el precio de las endibias y sobre las cantidades de endibias comercializadas, así como conductas de intercambio de información estratégica. Ante tales prácticas la autoridad de competencia gala condenó a determinadas empresas al pago de una multa de cerca de 4 millones de euros. Los empresarios sancionados acudieron al ámbito jurisdiccional aduciendo un estatuto especial en el ámbito del mercado agrícola, según el cual la aplicación del Derecho de la Competencia cedía en favor de los objetivos de la política agrícola común (PAC). 

Debe aclararse que el sector de la producción y comercialización de productos agrícolas goza de ciertas especialidades en relación con la aplicación del Derecho Antitrust, que vienen desde el  Reglamento n.º 26 del Consejo, de 4 de abril de 1962 (DO 1962, L 30, p. 993; EE 08/01, p. 29). Posteriormente, y en la misma línea, el Reglamento (CE) n.º 1184/2006 del Consejo, de 24 de julio de 2006 (DO 2006, L 214, p. 7) dispone una excepción a la aplicación general del Derecho de la Competencia en su artículo 2, al disponer que las prohibiciones del vigente art. 101 TFUE no serán aplicables a los acuerdos, decisiones y prácticas sobre determinado sector agrícola que formen parte integrante de una organización nacional de mercado o que sean necesarios para la realización de los objetivos de la política agraria común.

La motivación de las órdenes de inspección (Resolución CNMC de 26 de octubre de 2017)

La Sala de Competencia del Consejo de la Autoridad española de Competencia (CNMC) ha tratado el tema de la motivación de las órdenes de inspección en su Resolución de 26 de octubre de 2017 (aquí), al hilo de un recurso interpuesto contra la Órden de Investigación de 15 de febrero de 2017 y la posterior actuación de inspección llevada a cabo por la Dirección de Competencia los días 28 de febrero y 1 y 2 de marzo de 2017 en la sede de la empresa inspeccionada (Philip Morris). El recurrente sostiene la nulidad de la inspección domiciliaria debido a la ausencia de delimitación suficiente del objeto de la inspección en la Orden de Investigación (violación de los principios fundamentales de inviolabilidad del domicilio y derecho de defensa). Se afirma que la falta de motivación e indicios para la inspección ha llevado a lo que se conoce como fishing expedition, vulnerando así criterios consolidados tanto en España como en la UE.

Debe recordarse que la indefensión constituye unos de los motivos de recurso ante el Consejo de la CNMC frente a actuaciones inspectoras. El art. 47.1 de la Ley española de Competencia (LDC) dispone que «las resoluciones y actos de la Dirección de Investigación que produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos serán recurribles ante el Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia en el plazo de diez días». Un motivo habitual de impugnación de la orden de inspección es la indefensión derivada de una insuficiencia en su motivación, elemento fundamental de la legalidad de las actuaciones de investigación realizadas por las autoridades de competencia.